En conversación con Ramón Ulloa en Doble Click, la abogada y directora de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Macarena Rodríguez, criticó con dureza los anuncios del Ejecutivo en materia migratoria, advirtiendo sobre el impacto perverso en la salud pública y el colapso judicial si el ingreso clandestino pasa a ser un delito.
Sobre los anuncios del Ejecutivo en materia migratoria, advirtiendo sobre el impacto perverso en la salud pública y el colapso judicial si el ingreso clandestino pasa a ser un delito, a abogada Macarena Rodríguez, directora de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, conversó este martes con Ramón Ulloa en una nueva edición de Doble Click.
Macarena Rodríguez abordó la imposibilidad de materializar la expulsión masiva de 300 mil personas en situación irregular. «La autoridad no está en condiciones de expulsar a 300.000 personas. (…) Se están buscando mecanismos para ahuyentar, para estas políticas de delación, para hostilizar y perseguir a las personas», dijo, criticando a la administración Kast que «a nuestro juicio, así no se ordena la casa».
La abogada advirtió que la presión policial desincentivará el acceso a servicios básicos por temor, lo que podría «provocar es una estampida. Que la gente va a tener temor a ir al consultorio. (…) Tiene un efecto perverso en salud pública».
También cuestionó la propuesta de tipificar el ingreso por paso no habilitado como un delito. «Es una carga de trabajo para un sistema procesal penal que ya está muy sobrecargado. (…) Esto va a recalentar el sistema, va a generar costos altísimos», lo que asu juicio, complejizará los procesos.
Sobre el debate respecto de otorgar nacionalidad solo por consanguineidad, fue tajante: «Significa cerrarle la puerta a sus derechos más básicos. (…) Es una muy buena práctica para evitar la apatridia, un daño tremendo».
Finalmente, llamó al sentido común pidiendo retirar la indicación del Ejecutivo, agregando que lamedida «no va a colaborar en lograr la expulsión de estas 300.000 personas, porque gran parte vienen de un país que no tiene relaciones diplomáticas con Chile, hoy no son expulsables».